Ante anuncios oficialistas para viabilizar una pronta designación de un titular en la Defensoría del Pueblo, la diputada por la agrupación Creemos, Laura Rojas Ayala, manifestó que esta institución no puede quedar nuevamente en manos del Movimiento al Socialismo (MAS) porque de esta forma continuaría la impunidad para delincuentes y persecución política contra opositores.Desde su cuenta de Twitter, la parlamentaria de oposición sostuvo que, si el partido oficialista se hace nuevamente con el control de esa institución, las irregularidades denunciadas hasta la fecha continuarán para perjuicio de la población y las victimas de persecución política.

Por ello, señaló que uno de los principales requisitos para el nuevo titular en la Defensoría debe ser el no contar con militancia política, y de esta forma garantizar que sus actos gocen de transparencia y credibilidad ante la población.

“La Defensoría del Pueblo en manos de los masistas significará la continuidad de la persecución política y la impunidad para los delincuentes. Tiene que ser requisito indispensable que la persona que ocupe el cargo no tenga militancia para que su trabajo sea objetivo y goce de credibilidad”, manifestó la legisladora.

Agregó que se debe evitar que esta nueva autoridad responda a un partido político, como ocurre en la actualidad. “El país necesita en la Defensoría del Pueblo una persona idónea y capaz, no una masista que calle ante la injusticia y el abuso de poder del Gobierno”, sostuvo.

La pasada semana, representantes de la bancada nacional del Movimiento al Socialismo presentaron dos proyectos para la convocatoria y reglamentación en la elección del Defensor del Pueblo.

El diputado oficialista y jefe de bancada del MAS en Diputados, Gualberto Arispe, señaló que esta iniciativa busca salvaguardar la institucionalidad de la Defensoría, por lo que ambos proyectos fueron presentados ante la presidencia de esta instancia legislativa para su respectiva consideración y análisis.

“El artículo 220 de la Constitución indica que la Defensora o Defensor del Pueblo se designará por al menos dos tercios de los presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Previo a ello, se requerirá la convocatoria pública y calificación de capacidad profesional y méritos, a través del concurso público entre personas reconocidas por su trayectoria en la defensa de los derechos humanos”, complementó Arispe.