Los tipos penales de sedición y terrorismo en la legislación boliviana son “vagos y abstractos”, señaló ayer el Relator del Comité contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) Chairperson Heller, en referencia a la detención de la expresidenta Jeanine Añez.

“Son vagos y abstractos, y no se adecúan al principio de la legalidad”, complementó Heller, según ANF. El CAT es un órgano internacional compuesto por 10 expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por sus Estados Partes. Bolivia es miembro del CAT.

El artículo 135 del Código Penal, sobre Delitos contra jefes de Estado no menciona la palabra terrorismo, pero el 123 sí habla de sedición, y se refiere a quienes se “alzaren públicamente y en abierta hostilidad para deponer a algún funcionario o empleado público”.

Heller sostiene que en el contexto de polarización y confrontación política que se vivió en Bolivia hace dos años se recurrieron a las acusaciones de delitos de sedición y terrorismo de funcionarios gubernamentales, presuntamente cometidos antes y después de la renuncia del expresidente Evo Morales.

Para el relator de la CAT, estas figuras penales fueron utilizadas en el gobierno de Jeanine Añez y se usan también actualmente en el gobierno de Luis Arce con el supuesto caso de “golpe de Estado”. La exmandataria está detenida preventivamente desde hace siete meses.

Según Heller, “llama la atención que los mismos cargos de terrorismo y de sedición hayan sido levantados en contra de la expresidenta Jeanine Añez, una vez que asumió el gobierno el presidente Luis Arce”.

La instrumentalización política del sistema de justicia, de acuerdo con Heller, vulneró su independencia, y la injerencia política se tradujo en “procesos abusivos en el uso de imputaciones infundadas o desproporcionadas, en detenciones arbitrarias de líderes políticos”, afirma textualmente.

La declaración del relator fue realizada en la sesión 72 de la CAT en Ginebra, Suiza, de la que participó además el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, y de forma virtual el viceministro de Régimen Interior y Policía, Nelson Cox, entre otros funcionarios.

Pide informes a Bolivia

Heller pidió al Gobierno boliviano informar sobre el número de personas acusadas, procesadas y condenadas en la aplicación de la legislación antiterrorista vigente, recursos y salvaguardas legales disponibles para personas sujetas a medidas de lucha contra el terrorismo.

“Lo que llama mucho la atención es que la persecución judicial ha sido tendenciosa con un carácter político y que se ha recurrido a estos cargos de sedición terrorismo”, para hacerla, enfatizó, según el reporte de ANF. El CAT es parte de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

¿Qué dice el informe del GIEI?

El informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que se conoció en agosto, coincide en varios elementos con el reporte del CAT que se conoció ayer.

El reporte de los expertos resume que en 2019 ocurrieron masacres, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, persecución política y una fuerte violencia social de carácter racista y misógino.

Cita numerosas violaciones que involucran la responsabilidad directa del Estado, la Policía y las Fuerzas Armadas, que de modo separado o en operativos conjuntos, usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado y cometieron ejecuciones sumarias, torturas y otras violaciones a los derechos humanos.

El informe GIEI se refirió, al igual que Heller a la justicia. “La independencia judicial tiene que ser reconocida y respetada por los tres poderes del Estado. En particular, se debe reconocer que los jueces y las juezas no dependen del gobierno del momento”, dijo el GIEI en agosto.

El 20 de octubre, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU expresó su preocupación por “la falta de independencia y de autonomía”, de la justicia en Bolivia durante la crisis de 2019.