Familiares de las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata, que protagonizaron una marcha de 190 kilómetros para exigir justicia, no pudieron llegar hasta la Casa Grande del Pueblo donde está el despacho del presidente Luis Arce. Un cerco policial impidió su acceso, pero este martes serán escuchados en el Ministerio de Justicia.

“No nos han dejado pasar. Estamos sorprendidos porque no hubo respeto por las víctimas y eso duele”, señaló David Inca, representante de los afectados de Senkata y presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto.

En contacto con EL DEBER, el activista lamentó que el Gobierno haya designado “a dos funcionarios del Ministerio de Justicia sin poder de decisión” para atender su pliego de peticiones que está vinculado con las sugerencias que hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en su informe sobre la crisis política de 2019.

“Hubiéramos querido que nos reciba la ministra María Nela Prada o el vocero Jorge Richcter, dos personas que han hablado tanto sobre nuestras reivindicaciones y este pedido de justicia. No nos van a recibir”, lamentó Inca.

“Les estamos convocando mañana, martes, a las 08:00 a una reunión en el salón ‘Rodolfo Illanes’ del Ministerio de Justicia”, señaló el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, al momento de entregar la invitación formal para el encuentro.

La autoridad informó, según la agencia ABI, que los marchistas deben designar a 12 representantes para una reunión con tres autoridades de los ministerios de Gobierno, Justicia y del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi).

Los familiares de las víctimas y heridos de los violentos sucesos del 15 y 19 de noviembre de 2019 marcharon desde el poblado orureño de Caracollo con un pliego de peticiones que incluía un censo de los afectados con miras a la reparación de daños.

El petitorio se entregó el sábado a través del conducto regular administrativo, pero este lunes, las víctimas pretendían conversar con el presidente Arce u otra autoridad de alto rango.

Además, en el pliego piden aprobar el juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Áñez y continuar con las pesquisas a otros imputados. Hace una semana, el jefe del MAS, Evo Morales, pidió que ella sea juzgada por la vía ordinaria y no como expresidenta.

Pero una de las cuatro proposiciones acusatorias contra la expresidenta es por las muertes de Sacaba y Senkata. El oficialismo congeló el tratamiento de este procedimiento para priorizar el caso y el debate del supuesto “golpe”.

“A nosotros no nos interesa el debate entre golpe de Estado y fraude, pues ese es un tema político. Lo que las víctimas necesitan es justicia y ya hemos advertido que este caso político avanza más rápido que el nuestro”, dijo Inca.

Más temprano, el fiscal Juan Lanchipa informó que “la investigación penal de las muertes del puente Huayllani, en Sacaba, es el que tiene mayores avances" frente al caso de Senkata. Estos avances vinculados con los procesados por la vía ordinaria.

El viceministro de Justicia, César Siles, informó el fin de semana que el Gobierno está en proceso de desarrollo del censo de las víctimas de los conflictos de 2019 y que este trabajo no solo engloba a los afectados de Senkata y Sacaba.

Siles calcula que hay unas 5.000 víctimas por los hechos de la crisis política de ese año.