La dirigencia de los gremiales determinó dar al Gobierno un plazo de 72 horas a partir del lunes para que abrogue la Ley 1386 y su anexo, ese plazo vence el miércoles y desde el jueves los trabajadores por cuenta propia irían a un paro indefinido y marchas en las calles, informó el secretario general de la Confederación de Gremiales de Bolivia, César Gonzáles.

“Además se ha autorizado al Ejecutivo nacional (Francisco Figueroa) para que en el marco de sus competencias busque alianza, en todo el país, con otros sectores que también estén afectados con la Ley 1386”, dijo Gonzáles.

Los gremiales iniciaron su ampliado nacional a las 13:00 y cerca de las 16:00 concluyeron con la determinación que fue unánime entre todos los representantes departamentales. El dirigente Toño Siñani confirmó el ultimátum al Gobierno y dijo que se determinó que todos los piquetes de huelga que estaban instalados deben suspenderse.

La Ley 1386 denominada Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Contra el Terrorismo está dirigida básicamente al sector informal del país, pues el anexo de esa ley señala que se debe formalizar a todo el sector informal.

En el ampliado, los dirigentes de El Alto relataron que el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, no supo responder los cuestionamientos que lanzaron los gremiales, como tampoco pudo descartar que les afecte el proyecto de ley que finalmente fue retirado del Senado.

El anexo

El anexo de la Ley de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo (Ley 1386), apunta al sector informal, principalmente, pues considera que es por ese sector por donde ingresan los dineros mal habidos debido a la ausencia de medidas de control.

“Sin contemplar la problemática, causas y condiciones de la informalidad, podría desalentar la formalidad en sectores económicos pequeños que sí invierten dinero obtenido legalmente. En ese sentido, resulta necesario desarrollar una estrategia de lucha contra este fenómeno (legitimación de ganancias) que podría invadir los mercados y el sector informal como suele ocurrir en jurisdicciones con regímenes de control y represión laxos”, señala el punto 9 del anexo.

Este anexo manda a presentar una ley y por eso la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) elaboró el proyecto que fue retirado por el Gobierno el jueves.

Es en el anexo de la Ley 1386 que se plasma las facultades que debe tener esta oficina de control financiero, aún sin orden judicial.

Los puntos C.12 y C. 13 del anexo amplían las potestades de la UIF para recabar informes. La C12 permite a la UIF realizar investigaciones financieras y patrimoniales que incluyan a las personas que resulten vinculadas a los sujetos sobre los cuales se ha recibido un ROS (Reporte de Operación Sospechosa) o un pedido de la autoridad competente.

Mientras que la C.13 faculta a la UIF iniciar investigaciones de oficio, sin la necesidad de existencia de un ROS o pedido de alguna autoridad judicial. Con este precepto esta oficina tiene acceso irrestricto a buscar y denunciar a cualquier persona o empresa (persona natural/persona jurídica).