El exprocurador Menacho, junto al exministro Navarro y el representante de Quiborax, Andrés Jana.

El denominado caso Quiborax es el arbitraje que Bolivia perdió durante el gobierno del entonces presidente Evo Morales y hoy se usa contra el expresidente Carlos Mesa. La reversión de las concesiones mineras a esa empresa fue decretada en 2004 por varias irregularidades. En 2015, el Ciadi falló contra Bolivia y la Procuraduría fracasó en su apelación. En 2018, el entonces Gobierno firmó un “contrato transaccional”, y ese mismo año, Morales dispuso una amnistía.

El miércoles, la Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó el juicio de responsabilidades contra Mesa por el caso Quiborax, y lo remitió al pleno del Órgano Legislativo “a efectos de la autorización correspondiente”.


Mesa, al respecto, sostuvo que una de las “peores infamias del MAS” se usa de nuevo para reactivar un juicio y doblegar su conciencia. “¡Canallas!, se equivocan de nuevo”, aseguró. Mientras que Morales tuiteó que Mesa está “desesperado y asustado”.

El 23 de junio de 2004, Carlos Mesa, entonces presidente, decretó la reversión de 11 concesiones mineras en el Salar de Uyuni (Potosí) a la empresa Non-Metallic Minerals SA (Quiborax).

En la parte considerativa de ese decreto se indica que esa firma se negó a proporcionar información a Impuestos Nacionales y a la Aduana, lo que impidió realizar las auditorías dispuestas el 9 de diciembre de 2003. Se añade que se evidenció que las exportaciones de ulexita, que declaró esa compañía, no coincidieron con los volúmenes de carga transportados.

La firma interpuso, por su parte, un arbitraje contra Bolivia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). En diciembre de 2007 se constituyó el tribunal. El 16 de septiembre de 2015, el Ciadi falló en contra de Bolivia e instruyó un pago millonario como compensación a la reversión.

El 21 de septiembre de 2015, la Procuraduría General del Estado apeló la resolución, pero el 18 de mayo de 2018, el Ciadi desestimó la petición de anular el fallo. No obstante, el 7 de junio de 2018, Bolivia suscribió “un contrato transaccional” con Non-Metallic Minerals, por la suma de 42,6 millones de dólares.

“Se ha firmado un contrato transaccional para dar cumplimiento pleno, oportuno y definitivo al laudo de 16 de septiembre de 2015, emitido por un Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones”, informó el entonces Procurador Pablo Menacho.

Los dardos y las revelaciones

El 24 de mayo de 2018, luego de que el Ciadi rechazara la petición de anular el fallo, el entonces Procurador pidió a la Fiscalía investigar a Mesa. El 9 de julio, la Fiscalía General del Estado presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el requerimiento acusatorio. El 25 de julio, a su vez, el TSJ solicitó a la ALP la autorización para el juzgamiento.

No obstante, el 26 de julio de 2018, el Gobierno de entonces congeló el trámite, pero el 27 de septiembre de 2018, Morales indicó que decidió “conceder amnistía” a Mesa por el caso Quiborax (y al expresidente Jorge Tuto Quiroga por el caso petrocontratos). Mesa, entonces, sostuvo que apreciaba el gesto, pero que no aceptaba la presunción de culpabilidad.

Mientras escalaba la polémica, entre junio y julio de 2018, se conoció la siguiente información: un acta de constitución de propiedad falsificada por uno de los accionistas de la firma permitió que el arbitraje se lleve adelante contra Bolivia; la defensa nacional y abogados de Quiborax llegaron a intercambiar correos amistosos sobre los acuerdos borradores y temas por debatir, hasta que hay un informe oficial que señala que la “conducta imprudente” de una exsubprocuradora ocasionó que se filtre a la parte demandante “información sensible para la defensa”.

“El final de la historia es que Bolivia acepta pagar 42 millones de dólares a estos piratas y lo hace mediante un acuerdo donde están el exprocurador, Héctor Arce; el procurador de Entonces, Pablo Menacho; el ministro de Minería César Navarro, y ¿quién es el cajero que autoriza el desembolso de los 42 millones en favor de esta empresa pirata chileno-boliviana? Nada más y nada menos que el entonces ministro Luis Arce Catacora, hoy presidente del Estado Plurinacional de Bolivia”, indicó Mesa ayer en una rueda de prensa.

Al respecto, Morales aseguró: “Al acusar a exautoridades y al hermano Luis Arce, (Mesa) admite y confiesa la existencia del daño económico que él provocó en su gobierno con el caso Quiborax”.