Tras la divulgación de un informe sobre el pago de una indemnización entre 33.000 y 100.000 bolivianos a familiares de 17 víctimas de Senkata, una representante de este sector y el exdiputado Amilcar Barral abrieron polémica en torno al derecho de seguir exigiendo al Estado un resarcimiento.

Según Barral, quien era miembro de la comisión legislativa que investigó las muertes de Senkata, Sacaba y Montero, los familiares de 17 fallecidos ya recibieron dineros bajo el concepto de ayuda humanitaria y no considera correcto que, en el actual gobierno, insistan en exigir un resarcimiento.

De acuerdo a un documento revelado por el exdiputado, la Unidad de Apoyo a la Gestión Social del Ministerio de la Presidencia elevó un informe el 23 de septiembre de 2020, indicando que al amparo de los DS 4100, modificado por el DS 4176, se otorgó una “Ayuda Social Humanitaria” a los heridos y familiares de fallecidos depositándose la suma de 100.000 bolivianos por cada fallecido a las cuentas de algún familiar. En total se habría cancelado la suma de 1.291.666,6 bolivianos.

Barral manifestó que en el caso de Senkata ya se habría cumplido con el pago, pero en el caso de Sacaba, la mayoría era del Chapare y no quiso recibir el pago por una instrucción de sus dirigentes porque era dinero de la derecha.

La presidente de los fallecidos de Senkata-Zona Sur, Gloria Quisbert, confirmó que la ayuda recibida era para cubrir gastos de curación de los heridos que fueron internados en distintos hospitales.

Aseguró que ningún familiar pudo recibir ni siquiera como ayuda humanitaria porque no solo son 17 fallecidos, sino 37 muertos y más de 300 heridos.

Según Quisbert, Barral se pone como defensor de los autores de los hechos que surgieron tras la vigencia del DS 4078 de noviembre de 2019 que autoriza a las FFAA a intervenir en las movilizaciones de apoyo al expresidente Evo Morales y los libera de alguna responsabilidad.

Pidió al exdiputado leer el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que rechaza toda forma de indemnización y resarcimiento porque la vida no tiene costo y se debe buscar una sanción vía administración de justicia.

Sostuvo que hasta la fecha no se ha cumplido el DS 4176 de Ayuda Social Humanitaria y dijo que afirmar que recibieron dineros del gobierno de Añez, es una mentira.

El exasambleísta aclaró que ese documento difundido ha llegado a la comisión legislativa encabezada por el exdiputado de MAS Víctor Borda y no es cierto que el monto de 100.000 bolivianos haya servido para gastos médicos porque el decreto ordena atención gratuita para los heridos de estos enfrentamientos.

Además, cuestionó el hecho que la supuesta representante de las víctimas, que aparentemente debería asumir una gestión independiente, sea servidora pública desde marzo de este año en el Ministerio de Desarrollo Productivo, por tanto, es dependiente del gobierno.