Al presentar este martes su informe sobre los hechos de fines de 2019, los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) pidieron que el documento no sea usado políticamente en el país y, si bien concluyeron que hubo violación a los derechos humanos, aclararon que no hallaron indicios de que se hayan cometido delitos de lesa humanidad.

“La definición en el derecho internacional del delito de lesa humanidad requiere de un ataque sistemático contra la población civil con conocimiento, requiere de una estructura para cometer diversos actos que pueden constituir crímenes de lesa humanidad, francamente no vimos en las investigaciones elementos suficientes para determinar que estos hechos eran crímenes de lesa humanidad”, afirmó Juan Méndez, uno de los investigadores.

El informe concluyó que “en el último trimestre del año 2019 se cometieron graves violaciones de los derechos humanos en Bolivia” y recomendó que el Estado asuma acciones contra los responsables y atienda a las víctimas de todos los sectores afectados.

Marlon Weichert, otro de los expertos que participó en las investigaciones, pidió además que el informe no sea utilizado con objetivos políticos en el país.

“El trabajo de GIEI no sustituye la investigación criminal, que debe ser conducida por la Fiscalía boliviana. Nuestra investigación se basó en las responsabilidades institucionales solamente, por lo tanto, nuestro informe no debe ser adaptado para perseguir a cualquier persona por razones políticas u otra motivación indebida”, señaló.

Dijo que la investigación debe coadyuvar el trabajo de la justicia boliviana para llevar adelante investigaciones “con estricto respeto al debido proceso legal” y la presunción de inocencia.

“La justicia y la reparación son importantísimas para las víctimas y para la sociedad. Ellos son los nudos centrales para la costura de un tejido social fracturado. La indispensable reconciliación social depende necesariamente del éxito de estos dos procesos”, complementó.

Antes de la presentación del informe por parte de los expertos del GIEI el gobierno hizo otra, en la que el presidente Luis Arce señaló que este trabajo es una prueba más de que en el país hubo un golpe de Estado y no un fraude electoral, tal como sostienen sectores de la oposición.

“Indica de manera textual que una reunión del 12 de noviembre de 2019, en el Senado, sin el quorum previsto en el reglamento, Jeanine Añez se proclamó como presidenta de la Cámara de Senadores. Y luego, también sin el quórum requerido, en el recinto de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Añez se declaró presidenta interina del Estado, ingresó a Palacio Quemado y un militar le colocó la banda presidencial y le entregó el bastón de mando. Si esto no es un golpe de Estado, qué más pruebas podemos pedir”, dijo.

En la misma línea, el ministro de Educación, Adrián Quelca, afirmó que el informe "muestra la realidad de lo que sucedió en el país y confirma que el 2019, en noviembre, se concretó un golpe de Estado”,

El vicepresidente David Choquehuanca también se pronunció sobre el asunto. “Hoy recibimos el informe del GIEI que evidencia vulneración a los Derechos Humanos y masacres durante el Golpe de Estado en noviembre del 2019. No puede haber reconciliación sin justicia; escribió en su cuenta en Twitter.

El jefe del principal partido de la oposición, Carlos Mesa, posteó: “Coincidimos y respaldamos el informe del GIEI: la reforma del sistema judicial y fiscal y el cambio de sus operadores son requisitos para garantizar justicia y debido proceso en los casos que deben juzgarse. Hoy, jueces y fiscales sometidos al MAS no son confiables ni imparciales”.

También se pronunció el expresidente Jorge Quiroga, actor principal en esos hechos. “Leeremos cuidadosamente el detallado informe del GIEI-@CIDH, para emitir criterios informados, equilibrados y completos. Sí está claro que sus recomendaciones, o investigaciones derivadas, necesitan una justicia independiente en #Bolivia, en lugar de la actual guillotina azul”, (Sic), escribió.