El consorcio jurídico Greenberg Traurig, de Estados Unidos (EEUU), fue contratado para hacer “seguimiento exhaustivo” del proceso por delitos de lavado de dinero y soborno, relacionados con la compra de gases lacrimógenos el 2020 cuando era ministro de la gestión de Jeanine Áñez por un monto de $us 250.000, según El Programa Anual de Contrataciones (PAC) de la Procuraduría General del Estado (PGE).

Esta misma firma de abogados tendrá la misión de iniciarle un juicio civil al exministro, similar al que se instauró en contra del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada para resarcir los daños a las víctimas de Octubre.

El documento, que dio a conocer Página Siete, establece que la modalidad del acuerdo es de contratación directa y con dinero del Tesoro General de la Nación (TGE). Fue firmado este mes y el monto señalado es el precio referencial, que permite seleccionar “la propuesta que presente la mejor calificación técnica”, como detalla el artículo 5 del Decreto Supremo 0181.

El apartado 13 de esa normativa señala que las contrataciones directas de bienes y servicios no tienen un monto fijo definido. Esto quiere decir que los convenios de estas características se cumplen “sin límite de monto”.

“Para cubrir los gastos iniciales, correspondientes únicamente al objeto del contrato, la entidad publica podrá otorgar un anticipo, que no deberá exceder al 20% del monto total del contrato”, especifica el enunciado 19 del Decreto Supremo 0181.